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El factor humano (IV): Las residencias para personas mayores

Este tipo de asistencia social se ha convertido en un negocio y muchas de estas residencias eran concesiones públicas, o estaban financiadas por fondos públicos, pero eran gestionadas por sociedades mercantiles privadas: nacionales o multinacionales y fondos buitre controlan el 75% de los centros. El negocio mueve más de 4.500 millones de euros anuales, con un margen de beneficio en torno al 25%. Para aumentar su rentabilidad se construyeron grandes residencias (que son más baratas de gestionar), y no se cuidó la dotación de recursos técnicos y humanos que han demostrado ser deficitarios.

Por su interés, reproducimos este artículo de Miguel Barrueco, catedrático de Medicina de la Universidad de Salamanca y jefe de servicio de Neumología del Hospital Clínico de Salamanca publicado originalmente en La Crónica de Salamanca

-Papá, papá, ¿cuándo se hace uno mayor?
-Cuando mata a sus padres, hijo mío, cuando mata a sus padres.
-Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los abuelos?
-Contarles un cuento y abandonarlos en el bosque
J. González (La visita).

Viejos, ancianos, seniles, provectos, abuelos, mayores, jubilados, pensionistas, retirados, tercera edad, yayos… El léxico utilizado para referirse a las personas mayores ha variado a lo largo del tiempo y refleja, en gran medida, la consideración o estatus social que se concede en cada época histórica y en cada cultura a la vejez (el lenguaje ni es neutro, ni inocente). Buen ejemplo de ello son los estereotipos literarios negativos (en los que predomina la caricatura), desde Cervantes hasta García Márquez, pasando por Moliere, y en el extremo opuesto las denuncias de marginación de Simone de Beauvoir y Norberto Bobbio o la reivindicación del envejecimiento activo de Rita Levi Montalcini y el optimismo vital de José Luis Sampedro.

Los términos utilizados reflejan estereotipos de los que se derivan prejuicios y, generalmente, discriminación contra estas personas.  El uso de uno u otro vocablo varía al referirse a un individuo concreto, de acuerdo con las expectativas sociales y culturales y con la posición social y económica de cada persona.  En nuestro tiempo hemos estado más pendientes de la mayor o menor corrección semántica, de lo políticamente correcto o incorrecto de los términos utilizados para referirnos a ellos, que de la consideración que merecen por su aportación al avance de la sociedad actual.

En la época del desarrollismo y el consumo sin control, con la rotura de los lazos familiares tradicionales, los viejos carecían de utilidad y se encontraban en cierta situación de aislamiento familiar y social, vivían fuera del tiempo: de su tiempo y del de sus hijos, de nuestro tiempo. Como señalaba recientemente en El País el filósofo alemán Hartmut Rosa “se los abandona como no pertenecientes al tiempo presente y se los relega en su debilidad, encerrados en residencias y apartados de la vida social. De hecho, el coronavirus nos proporciona una justificación para este abandono”, así “se amplifica una tendencia de nuestras sociedades que viene de lejos; la distancia social y temporal se traduce en distancia física, se rompe la cadena entre generaciones, se profundiza la marginación y se aumenta el alejamiento”.

Es cierto que en ocasiones hay que hacer de la necesidad virtud. Con la llegada de la crisis económica recuperaron cierto protagonismo dado que volvieron a ser necesarios, para ocuparse de los nietos e, incluso, para contribuir con su exigua pensión al mantenimiento de los miembros de la familia que habían perdido el empleo.

Estos días están nuevamente de actualidad y ocupan cabeceras de periódicos por la muerte de muchos de ellos víctimas de la Covid 19 en las residencias donde vivían. Los titulares han mostrado sesgos ideológicos al referirse a estas instituciones, aunque el término más ampliamente utilizado ha sido el de residencias de ancianos, reservando el término de residencias de la tercera edad para centros de más alto standing. Afortunadamente otros utilizados en el pasado como asilos o geriátricos, parecen desterrados.

Resulta insufriblemente escandaloso el rifirrafe político entre distintas administraciones y partidos referido a la alta mortalidad que ha tenido lugar en estas residencias, cuando hasta ahora nadie se había preocupado mucho de la calidad de los servicios ofrecían a sus residentes: cuidados sanitarios, comodidad, limpieza, alimentación, ocio…. Es decir que trato recibían y que grado de satisfacción tenían.

En realidad, este tipo de asistencia social se ha convertido en un negocio y muchas de estas residencias eran concesiones públicas, o estaban financiadas por fondos públicos, pero eran gestionadas por sociedades mercantiles privadas: nacionales o multinacionales y fondos buitre controlan el 75% de los centros. El negocio mueve más de 4.500 millones de euros anuales, con un margen de beneficio en torno al 25%.  Para aumentar su rentabilidad se construyeron grandes residencias (que son más baratas de gestionar), y no se cuidó la dotación de recursos técnicos y humanos que han demostrado ser deficitarios. Todo ello se ha visto facilitado por la falta de control por la administración y por los familiares y por la gran demanda existente (hay un déficit estructural en torno a 100.000 plazas), que garantiza la ocupación de las existentes, independientemente del tipo de cuidado que se preste.

Sería muy interesante disponer de un estudio que revele la relación de la mortalidad, con y sin Covid, en cada uno de estos centros, con el tipo de cuidados que habitualmente reciben sus residentes. Nunca se ha hecho y previsiblemente no se hará, porque atenta contra el modelo de negocio.

Todo ello ha aflorado a la luz cuando se ha producido una enorme cascada de fallecimientos entre las personas que las habitan, cuando se han mostrado a la luz pública como un “moridero”, pero, aunque su situación no es nueva, hasta ahora no había ocupado ningún espacio en las preocupaciones públicas, ni tenido ningún reflejo en los medios de comunicación social, ni en los programas electorales de los partidos.

Es preciso repensar el modelo asistencial de España, es necesario disponer de un modelo socio-sanitario integrado e integral, donde las residencias no se conviertan en “aparcamientos de viejos”, donde en vez de respirar tristeza esperando el final de la vida se pueda pensar en un periodo de la vida diferente, un porvenir, si no en plenitud, con otras cosas aún por hacer,  donde sea posible el pensamiento de José Luis Sampedro: “En el umbral de los ochenta ya va siendo la hora de empezar de nuevo”.

Un modelo socio-sanitario integrado ofrece mejores cuidados y calidad de vida, y además es más eficiente, pues reduce parte de los elevados costes de los grandes hospitales y centros sanitarios. Son precisos espacios intermedios con menor coste, como hospitales de crónicos o residencias asistidas que, por lo general, están más próximas al domicilio familiar de las personas que necesitan de sus servicios, lo que contribuye a mantener la relación con su propio medio y evita el aislamiento.

Para ello, es necesario cambiar la concepción personal, familiar y social acerca de la vejez y también de este tipo de residencias, es necesario cambiar el modelo, pero desde luego es imprescindible, yo diría que urgente, que dejen de ser administradas y gestionadas por empresas nacionales o internacionales que solo buscan el beneficio inmediato y consideran a las personas mayores como un objeto de lucro, no muy diferente de un ladrillo o un coche. Es preciso que tanto el sector público como el privado demuestren unos estándares de calidad, que disponen de los recursos humanos necesarios para garantizarlos y, también, que sean inspeccionadas frecuentemente para examinar que los cumplen.

Cicerón en De Senectute, escribe que a pesar de las limitaciones que lleva aparejadas, la vejez puede ser un periodo gratificante de la vida: “La gran edad, especialmente cuando se honra, tiene una influencia tan alta que otorga más valor que todos los placeres anteriores de la vida”.

Las proyecciones para los próximos años señalan el envejecimiento marcado de la pirámide poblacional, lo que convierte en una necesidad urgente atender dignamente a este segmento de edad y esta necesidad debería ser abordada por todos: individuos, sociedad y administraciones públicas, como una prioridad personal, familiar, social y política. Para ello será necesario cambiar la visión de la vejez y el modelo de atención a las personas mayores.

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Condiciones laborales de las auxiliares de enfermería en residencias de ancianos antes del COVID 19

Compartimos este artículo publicado en El País el 7 de noviembre de 2019

Comienzan a despertarlos a las siete de la mañana para que dé tiempo a asearlos y que a las diez estén listos para el desayuno. Son solo dos gerocultoras en la planta para atender a 17 ancianos en situación de gran dependencia, la más grave. «Tuve incluso una lesión en el hombro por los movimientos repetitivos y por trasladar a los usuarios. Cuando llegas a casa, te duele todo y lo único que haces es tomarte un ibuprofeno para poder seguir con las tareas domésticas», cuenta Juani Peñafiel, que lleva 17 años trabajando en el sector, ahora en una residencia privada en Madrid. «Hay rachas en las que me duele tanto la espalda que me estiro en el suelo y lloro», dice esta mujer de 50 años. Los sindicatos se quejan de la sobrecarga. Un estudio de CC OO pone de manifiesto que gran parte de las empleadas termina medicándose para paliar el dolor.

Ella es una de las 250.000 personas que trabajan vinculadas a la Ley de Dependencia en España, según una estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, experta en la materia. La gran mayoría (casi un 90%) son mujeres, según cálculos de CC OO, que eleva la cifra de empleados solo en el sector residencial a más de 290.000. Los sindicatos lamentan la «precariedad» —las gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio no llegan a los 1.000 euros al mes, según el convenio— y las condiciones laborales, que repercuten en la calidad del servicio que prestan a unos usuarios en situación tan vulnerable. Si algo genera consenso entre trabajadores, sindicatos y las empresas del sector es la necesidad de financiación de una ley ahogada por los recortes.

Las mujeres toman más tranquilizantes y somníferos que los hombres, y el porcentaje de población que declaraba haber tomado hipnosedantes subió entre 2007 y 2013, los últimos datos disponibles, entre la población laboral de los servicios sociosanitarios, educativos y de la Administración. «Pasó del 5,7% al 8,6%, según la encuesta Edades del Ministerio de Sanidad. Es un porcentaje superior al 7,3% de media del conjunto de la población laboral», explica José Rodríguez Valdés, de la secretaría de Salud Laboral de CC OO. Aquí se incluye a los trabajadores de los servicios sociales. «Es el tercer sector en que más creció el consumo de hipnosedantes en estos cinco años [el primero fue el de las actividades domésticas]», señala.

«Esto nos llevó a realizar un estudio entre más de 80 trabajadoras de residencias, a través de grupos de discusión y de una veintena de entrevistas en profundidad con empleadas y con delegados sindicales, responsables de recursos humanos, médicos…», añade. Ellas refieren una sobrecarga de trabajo física y psicológica. «Casi el 80% manifiesta dolor de forma habitual y tres de cada cuatro asegura que toma medicación para paliarlo. Los resultados no se pueden extrapolar a toda la población, pero dan una idea de la gravedad de la situación», sostiene Rodríguez Valdés. «Cuentan que sienten presión, cansancio, bajo reconocimiento profesional», sostiene. «Antes de llegar a medicarse para calmar la ansiedad o conciliar el sueño, toman antiinflamatorios o calmantes», continúa.

«Tienen altas cargas de trabajo, al que además se ven abocadas en situaciones de estrés, porque ven que no llegan y por las personas a las que atienden, muy vulnerables», sostiene Gracia Álvarez, responsable de dependencia en UGT. «Sus condiciones repercuten directamente en la calidad del servicio», añade. Más de un millón de personas recibe una prestación o servicio a través de esta ley. Más de 257.000 personas están en lista de espera. Más de 146.000 aguardan a ser valoradas para saber si tienen derecho. «Las trabajadoras tienen bajos salarios y muchas tienen problemas físicos a consecuencia del mismo», dice Álvarez.

Juani Peñafiel corrobora que los dolores son comunes entre las compañeras. Ella cobra 700 euros al mes por trabajar «tres o cuatro días a la semana» de siete a tres de la tarde. «El sector ha ido empeorando con los años. En mi planta hace 15 años éramos cuatro trabajadoras para atender a las mismas personas que ahora, que somos dos». Los usuarios de esta residencia privada pagan «de 2.600 a 3.400 euros al mes». «Por ese dinero a veces pienso que estarían mejor en su casa», continúa esta trabajadora, que afirma que, aun sin parar en toda la jornada, no les están dando un servicio adecuado.

Los sindicatos piden mejoras salariales. Llevan meses negociando con la patronal el nuevo convenio colectivo, que agrupa al sector de las residencias, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. UGT y CC OO han convocado precisamente este jueves concentraciones en ciudades de toda España —en Madrid ante la CEOE— para reclamar una subida del sueldo. «Hay cuatro categorías por debajo del salario mínimo, no llegan ni a los 900 euros al mes en 14 pagas. Reclamamos una subida del salario del 10% entre este año y el próximo», reivindica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO. Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que aglutina a las grandes compañías del sector residencial, replica que están dispuestos a negociar, pero que no han aceptado esa propuesta, «planteada en octubre porque les haría subir más de un 8% el salario en 2020». Asegura que cumplen las ratios fijadas por las comunidades autónomas —que los sindicatos tildan de insuficientes— y reclama más financiación, algo en lo que también insisten el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE).

Cubero afirma que los precios de plaza pública fijados por las consejerías se remontan «en la mayoría de los casos a antes de la crisis» y recuerda que la Administración General del Estado tiene la obligación de cofinanciar la ley al 50% junto a las comunidades autónomas. «Ahora paga un 20% y las comunidades autónomas, un 80%», sostiene. Y aquí el consenso con los sindicatos es absoluto. «Un gran problema de la dependencia es la financiación. Nació sin dotación económica y los recortes no se han recuperado», sostiene Gracia Álvarez, de UGT.

Pero ella incide además en la precariedad y en la sobrecarga, también de las auxiliares de ayuda a domicilio. Un estudio de UGT, presentado el año pasado,pone de manifiesto las dificultades de las trabajadoras. «Es un servicio público, pero normalmente de gestión privada. Suelen tener jornadas parciales [algo que niega la patronal, ASADE], pero partidas, de tal manera que a lo mejor trabajan unas horas por la mañana y otras por la tarde, lo cual les impide compaginarlo con otros empleos. Y las casas no suelen estar adaptadas, realizan mucho esfuerzo físico, por lo que acumulan patologías», apunta Álvarez.

Estrella López de la Rosa, sevillana de 45 años, atiende a cinco ancianos en diferentes zonas de Huelva. «Me encargo del aseo, pero también de tareas como hacer la compra, limpiar la casa o ayudarles a pasear». Asegura que se ha gastado «mucho en fisioterapeutas». Cobra 982 euros al mes por una jornada completa en la que realiza «gran esfuerzo» físico. «La mayoría de las casas no tienen ni camas articuladas ni grúas», explica. Ella no se medica a diario, pero conoce a compañeras que «toman antiinflamatorios o relajantes musculares antes de ir al trabajo». Para soportar la nueva jornada. Y al día siguiente, vuelta a empezar.