Francisco Varas, jefe de servicio de Cuidados Paliativos. Hospital Clínico Universitario Salamanca.
El día 17 de este mes de diciembre el congreso acaba de aprobar, con una amplia mayoría, la ley de la eutanasia, que reconoce el derecho del individuo a pedir que un “profesional sanitario acabe con su vida por causa de un padecimiento grave, crónico, e imposibilitante o de una enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no pueda ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.
Lo primero que quiero comentar es que estoy abiertamente en contra de la eutanasia por mi doble condición de médico y de cristiano. Como médico me mueve el propósito de aliviar el sufrimiento del enfermo y de su familia; y, en cualquier caso, estar a su lado. Como católico creo en la inviolabilidad de la vida humana y en el peligro de convertirnos en jueces de quién debe vivir o morir, en un asunto que, como vemos en la ley, tiene tanta carga subjetiva.
Siempre he pensado que los cuidados paliativos no son la alternativa a la eutanasia, pues, aún en presencia de ésta, los considero como un derecho fundamental de la persona; y esta simplificación dicotómica puede llevarnos a pensar que, una vez aprobada la ley, los cuidados paliativos ya no son necesarios. Sin embargo, si considero que la atención integral, que propone este tipo de cuidados, debe ser una alternativa viable para los enfermos que sufren.
Creo profundamente en la democracia y he de reconocer que esta ley cuenta con un amplio respaldo parlamentario, por lo que la considero totalmente democrática. Dicho esto, he de incidir en el hecho de que se ha aprobado en un momento en que la sociedad está centrada en la epidemia, relegando al resto de los asuntos a un plano secundario. No sé si esto ha sido intencionado o no, pero ha traído como consecuencia un escaso debate público sobre está iniciativa, lo que, a mi juicio, ha provocado una laguna de conocimiento en la sociedad y probablemente en los propios parlamentarios, en un tema tan complejo que, por sus posibles consecuencias, merece, al menos, una profunda reflexión.
Recientemente escuché a un familiar de un enfermo, al que habíamos sedado horas antes, comunicarle a otro por teléfono: “ha sido ponerle el gotero y al poco tiempo ha fallecido” (estableciendo una relación causa efecto entre la administración del medicamento y el fatal desenlace). Esta persona estaba, sin saberlo, suponiendo que a su familiar se le había practicado la eutanasia cuando en realidad no se había intervenido en el curso de la enfermedad. Esto es un ejemplo del desconocimiento general que hay sobre este tema.
Otro de los objetivos que persigue la ley es garantizar el principio de autonomía, permitir al enfermo que decida sobre su propia vida, pero para que esto se cumpla ha de tener la libertad de elegir entre las distintas alternativas que puedan aliviar su sufrimiento; y más de la mitad de los enfermos terminales de este país no tienen acceso a unos cuidados paliativos de calidad y, en el otro supuesto, las personas con enfermedades incapacitantes no pueden costearse el material y los cuidadores para tener un mínimo de bienestar. A estas personas la única salida que les queda para aliviar el sufrimiento o no sentirse una carga es la eutanasia. ¿Es esto a lo que llamamos principio de autonomía?, ¿no hubiera sido mejor comenzar por dotar a la sociedad de todos los recursos necesarios para intentar aliviar el sufrimiento, antes de plantear el debate en la eutanasia?
La publicación de esta norma abre otros interrogantes que añaden incertidumbre ante lo que puede ser el futuro. ¿Estamos seguros de que sólo se realizará la eutanasia a los casos que prevé la misma? La experiencia acumulada desde la primera ley progresista de Europa, en la Alemania de Hitler, hasta los recientes casos Bélgica y Holanda es que se empieza aplicándola en casos extremos para luego ir cayendo en una pendiente resbaladiza que va limando las medidas restrictivas que contempla la ley, hasta llegar a practicarla, por ejemplo, en niños discapacitados.
Una consecuencia de esa pendiente resbaladiza es la pérdida de confianza del enfermo en el médico que lo atiende, ya que no están seguros de cómo reaccionará ante una situación determinada, como una perdida de conciencia. Esto ha provocado en Holanda la huida de multitud de personas mayores, que puedan pagárselas, a residencias alemanas situadas en la frontera.
No sé si seré un ingenuo, pero creo que, lejos de la polarización política, los impulsores de esta ley piensan, como nosotros, en lo mejor para el paciente, pero lejos de ser progresista, perjudica sobre todo a los que pretende proteger, que son las personas más desfavorecidas y vulnerables.
Mi experiencia es que, desde los Cuidados Paliativos, se puede aliviar el sufrimiento de la mayoría de los enfermos, aunque en algunos casos especialmente difíciles tenemos que recurrir a la sedación. Y, aunque no muchas, he recibido peticiones de eutanasia, sobre todo al inicio del tratamiento, pero en la mayoría de las ocasiones lo que nos están pidiendo no es que les ayudemos a morir, sino que les devolvamos la esperanza de poder engancharse a la vida, para que ésta sea digna hasta el último instante.
