24 de mayo de 2018
1. El debate sobre la introducción legal de la posibilidad de provocar la muerte anticipadamente no corresponde al debate sobre las hipotéticas opciones o consideraciones individuales de cada persona ante las circunstancias de su propia muerte. Es, sí, una discusión de opciones políticas de mayor complejidad y con profundas implicaciones sociales, de comportamiento y éticas.
La legalización de la eutanasia no puede presentarse como una cuestión de opción o reserva individual. Incluir en la Ley el derecho a matar o matarse a sí mismo no es un signo de progreso, sino un paso hacia el retroceso de la civilización, con profundas implicaciones sociales, de comportamiento y éticas que cuestionan elementos centrales de una sociedad que se guía por los valores humanistas y solidarios.
La idea de que la dignidad de la vida está garantizada por la consagración legal del derecho a la muerte anticipada merece el rechazo del PCP.
La oposición del PCP a la eutanasia tiene su fundamento en la preservación de la vida, en la utilización de avances técnicos y científicos (incluida la medicina) para asegurar un aumento de la esperanza de vida y no para acortarla, en la dignificación de la vida en vida. Es esta consideración del valor intrínseco de la vida la que debe prevalecer y no la de la valoración de la vida humana en función de su utilidad, intereses económicos o patrones discutibles de dignidad social.
2. La invocación de casos extremos, para justificar la inclusión en la Ley de la muerte anticipada presentándola como un acto de dignidad, no es un camino adecuado para la reflexión que se requiere. En algunos casos puede expresar juicios motivados por la propia vivencia, concepciones individuales que deben ser respetadas pero también es, para una parte de sus promotores, una introducción del tema en busca de protagonismos y agendas políticas promocionales.
La ciencia ya cuenta en la actualidad con recursos que, si se utilizan y son accesibles, permiten reducir o eliminar el sufrimiento físico y psicológico. En asuntos que tienen que ver con el destino de su vida, cada ciudadano ya dispone hoy de instrumentos jurídicos (de los cuales el «testamento vital» es un ejemplo, sin menospreciar sus límitaciones) y la soberanía en su decisión individual sobre la abstinencia médica (nadie puede ser obligado a someterse a ciertos tratamientos contra su voluntad). La práctica médica garantiza la no prolongación artificial de la vida, respetando la muerte como un proceso natural rechazando su prolongación a través de la obstinación terapéutica. Hay una diferencia sustancial entre mantener artificialmente la vida o anticipar deliberadamente la muerte, entre disminuir o eliminar el sufrimiento en la enfermedad o precipitar el final de la vida.
3. En un contexto en el que el valor de la vida humana se relativiza a menudo de acuerdo con criterios de utilidad social, intereses económicos, responsabilidades y cargas familiares de gasto público, la legalización de la provocación de la muerte anticipada añadiría una nueva dimensión de los problemas.
Desde luego, contribuiría a la consolidación de las opciones políticas y sociales que conducen a esta desvalorización de la vida humana e introduciría un problema social relevante resultante de la presión para encaminar a la muerte prematura a todos aquellos a quienes la sociedad rechaza la respuesta y el apoyo a su situación de particular fragilidad o necesidad. Además, la legalización de esta posibilidad limitaría aún más las condiciones para que el Estado promueva, en el ámbito de la salud mental, la lucha contra el suicidio.
4. El principio de igualdad implica que a todos se les reconozca la misma dignidad social, y no es legítima la interpretación de que una persona «con una lesión definitiva o enfermedad incurable» o «en el sufrimiento extremo» se vea afectada por tal circunstancia en la dignidad de su vida. Y más aún que sea invocada para consagrar en la ley el derecho a la muerte, ejecutada en base a una Ley de la República.
La vida no sólo es digna cuando (y mientras tanto) puede ser vivida en pleno uso de las capacidades y las facultades físicas y mentales y la sociedad debe asegurar las condiciones para una vida digna en todas las etapas de la vida humana, desde las menos autónomas (ya sea la infancia o la vejez ) a las de mayor autonomía; en presencia de condiciones saludables o enfermedades; dentro de la plena integridad de las facultades físicas, motoras o intelectuales, o de una discapacidad más o menos profunda, congénita o sobrevenida.
Lo que se requiere es que el progreso y el progreso de la civilización y el aumento de la esperanza de vida resultante de la evolución científica sean utilizados para garantizar una vida con condiciones materiales dignas en todas sus etapas.
5. El PCP afirma su oposición a una legislación que institucionalice la provocación de la muerte anticipada, sea cual sea la forma que asuma -previa solicitud en forma de suicidio asistido o eutanasia-, así como cualquier propuesta de referendum al respecto.
El PCP continuará luchando para concretar, en el plano político y en el legislativo, las medidas que respondan a todas las necesidades de los usuarios del Servicio Nacional de Salud, espcialmente con un serio fortalecimiento de las inversiones en cuidados paliativos, inluyendo los domiciliarios; para garantizar el derecho de cada persona a negarse a someterse a determinados tratamientos; para asegurar que la práctica médica no prolongue artificialmente la vida; en el desarrollo, la mejora y el derecho de acceso de todos al uso de los recursos que la ciencia puede poner a su disposición, para garantizar a cada uno, hasta el límite de la vida, la dignidad debida a cada ser humano.
6. Esta es la concepción profundamente humanista de la vida que el PCP defiende y toma cuerpo en su proyecto político de progreso social. Una concepción que no renuncia a la vida, que lucha por unas condiciones de vida dignas para todos y exige políticas que las aseguren desde el momento presente por medio de las condiciones materiales necesarias en la vida, el trabajo y la sociedad.
Ante los problemas del sufrimiento humano, de la enfermedad, de la deficiencia o de la incapacidad, la solución no es desresponsabilizar a la sociedad promoviendo la muerte anticipada de personas en estas circunstancias, sino el progreso social para asegurar condiciones para una vida digna, utilizando todos los medios y capacidades sociales, la ciencia y la tecnología para mitigar el sufrimiento y las enfermedades y garantizar la inclusión social y el apoyo familiar.
La preservación de la vida humana, no la renuncia a la vida, es un patrimonio que integra el humanismo real -y no solo de palabra- y que el PCP asume en los principios y en la lucha.
http://www.pcp.pt/posicao-politica-do-pcp-sobre-provocacao-da-morte-antecipada
